Sin embargo hoy leo que el ministro de justicia habla de que la iglesia debe autofinanciarse y entiendo que un gran sector de la población ha alcanzado ya la necesidad de abrir el debate social sobre el papel de la iglesia en el estado, ha llegado ya el momento de que esa separación sea efectiva, de que el Vaticano deje de financiarse con fondos estatales, ni siquiera me vale que el estado ejerza de recaudador.
Esta sociedad es ya lo suficientemente madura, o eso quiero creer, para que la iglesia y el estado pasen de ser una pareja de hecho a una pareja de divorciados, las clases de religión católica deben desaparecer del sistema educativo e integrarse en una clase de historia de la religión impartida por profesores de filosofía que se ganen el puesto mediante una oposición, como todos los demás profesores. Y la iglesia debe encontrar el modo de recaudar el dinero entre sus fieles como cualquier otra iglesia o asociación sin ánimo de lucro, debe ser ella quien pase el recibo anual a quienes todavía creen que deben sostenerla.
Y eso no sólo es beneficioso para el estado, la iglesia necesita reformas, y necesita reformas urgentes. Necesita saber quienes de toda esa larga lista de bautizados siguen siendo católicos, y quienes de todos esos católicos aceptan y aplauden las opiniones que su iglesia defiende. La iglesia necesita reagruparse y redefinirse en una sociedad que cada vez la deja más de lado y que incluso la ven como un enemigo. Son tiempos de redefinición, de dejar de erigirse como representante de una mayoría social que hace años que no tienen y poder verter sus opiniones al público desde una posición creíble, representando a un sector de la población que sea conocido, el sector de aquellos que deciden financiarla con su dinero directamente, y no marcando una cruz en su declaración del IRPF.
Y los demás queremos saber a qué atenernos, yo quiero saber a quienes estoy atacando cuando solicito la ilegalización de una asociación de ese tamaño, quiero saber que porcentaje de la población apoya a una asociación que pretende prohibir el preservativo, o el aborto, o el divorcio, o el matrimonio homosexual, o que pide que la mujer vuelva a ejercer de ama de casa. Quiero que se pueda señalar a quienes sostienen una asociación reaccionaria del mismo modo que se puede señalar a quienes financian un periódico o una radio o una ONG.
Y quiero que los representantes de esa asociación puedan ser procesados por atacar los derechos humanos, o por encubrir abusos sexuales, y quiero que sus cuentas sean fiscalizadas y mostradas al público del mismo modo que sucede con cualquier otra asociación, y que declaren su patrimonio.
Quiero, en definitiva, que la Iglesia Católica tenga el mismo trato que cualquier otra asociación.
Lo que no sé es si el actual gobierno tendrá las agallas suficientes para hacerlo, si sabrá explicar a los ciudadanos el por qué esa separación efectiva es una medida deseable para todos, católicos y no católicos.
Y sobre todo no sé si ese otro sector de la población que representan los lectores de ABC y La Razón sabrá aceptar esas medidas o desearán reeditar aquello que empezó hace siglos y se hizo guerra en el 36.