La industria cultural, tal y como la conocemos, apura sus últimos tragos. Rebaña el dinero del bolsillo de los consumidores y pide la ayuda de la Policía para que no se escapen los últimos euros. La parte más vulnerable de esa industria, la que se dedica al honrado negocio del libro, ya ha descubierto que las migajas no dan para mucho.

Hace unos días, en un seminario celebrado en Santander, se descubrió que los Gobiernos, tan dados a campañas de fomento de la lectura y a alertar de los males de la piratería en todas sus perversas vertientes, han dejado que las bibliotecas se hundan en la miseria.

El 42% de los libros de las bibliotecas públicas son anteriores a 1980. De ellos, el 24% se compró en la década de los ochenta. Los gastos corrientes de estas bibliotecas supusieron 6,5 euros por habitante en 2003. A la compra de libros, se dedicó la insignificante cifra de 88 céntimos por habitante.

Sin embargo, la conversión de las bibliotecas en museos del libro no ha impedido que esté a punto de cernirse sobre ellas la última tecla de la caja registradora: el canon. Esta vez, procede de una directiva de la Unión Europea. La inteligencia de esta medida salta a la vista: quizá las bibliotecas tengan que cobrar una pequeña cantidad a un lector a buen seguro entusiasmado por pedir prestadas las mejores obras de los ochenta. Quizá el canon salga de los fondos públicos y así se comprarán aún menos libros.

Una lógica aplastante. Una vez más, el canon acude en ayuda de la cultura. Sólo otra intervención más y terminará por enterrarla. Que la pasta que saquen sirva para que, al menos, tenga un funeral digno.